martes 15 de marzo de 2016
En la Asamblea General Ordinaria del CASMU IAMPP, que se llevará a cabo este martes, uno de los puntos a tratar es el proyecto denominado «Mecanismo de solución de controversias entre Asociados y la Institución, incluido en el «Orden del Día (literal «E») propuesto por el Consejo Directivo.
El mismo, desde que se hizo público, generó las más diversas consultas y dudas por parte de los trabajadores del CASMU, respecto a la legalidad y viabilidad de su contenido. Las consultas fueron canalizadas por el Sindicato Médico del Uruguay, que encomendó un informe su asesor jurídico, el especialista en Derecho Laboral Dr. Mario Garmendia Arigón.
En el mismo, (que se adjunta al final de este artículo para su descarga) se expresa que «desde el punto de vista de la libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga, la resolución que se proyecta (por parte del Consejo Directivo del CASMU) es severamente objetable».
Es esencial que todo mecanismo de solución de conflictos de trabajo sea respetuoso de la libertad sindical, laboral, el arbitraje y la justicia del trabajo» (…) «y este que se plantea, claramente no lo es. No sólo porque no contempla ninguna participación sindical (podría haberla previsto, por ejemplo, en la integración del Tribunal), sino por el hecho, todavía más grave, de que habilita a imponer una sanción a aquel trabajador (asociado a la Institución) que ejerza tales derechos sin cumplir con la exigencia de pasar previamente por el Tribunal que se pretende crear», expresa el documento elaborado por el asesor.
En esa misma línea, el texto continúa: «No es admisible que un trabajador pueda quedar expuesto a recibir sanciones (ni siquiera una que sólo lo afectare en su condición de asociado) por el hecho de ejercer alguno de aquellos derechos fundamentales (…) La libertad sindical y el derecho de huelga no pueden quedar condicionados en la forma que resultaría de ser aprobado el proyecto que se propone a consideración de la Asamblea del CASMU IAMPP».
A su vez, en materia individual, el proyecto también es objetable, explica el Dr. Garmendia.
«Para empezar, porque conlleva el riesgo cierto de provocar una afectación o restricción del real ejercicio del derecho al acceso a la Justicia. Este derecho se traduce en la garantía de poder llegar ante un Juez, es decir, ante quien ejerce la «función jurisdiccional» y, por lo tanto, tiene la competencia de aplicar el orden jurídico «para dirimir conflictos y controversias, mediante decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución», afirma en el texto.
«Una norma que restringiera, obstaculizara o, directamente, coartara el ejercicio de este elemental derecho, sería contraria a la Constitución y lesionaría valores que indiscutiblemente forman parte del concepto de «orden público».
Si bien el proyecto de resolución no prohíbe expresamente el ejercicio «del mentado derecho de acceso a la justicia», es evidente, expresa el texto, que lo condiciona seriamente al establecer que el trámite tiene carácter obligatorio, calificando como falta grave, susceptible de expulsión, a la conducta de un asociado que pretenda ejercer su derecho a reclamar sin pasar por la instancia del Tribunal de Conciliación y Mediación que se plantea crear».
PLANTEO A DIRECCIÓN NACIONAL DE TRABAJO
Una vez recibido el informe, el Sindicato Médico mantuvo reunión con el Director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, y el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, Gerardo Rey, a quienes se manifestó la preocupación existente sobre el punto.
Tanto Castillo como Rey fueron receptivos con la inquietud planteada, y aseguraron que el documento sería valorado internamente, al tiempo que transmitieron que desde la Dirección de Trabajo no están dispuestos a que «se afecten derechos de los trabajadores», si esto se comprueba.
