jueves 1 de octubre de 2015
El Sindicato Médico del Uruguay entiende que una vez más se acude a la ley de Presupuesto Nacional para gravar a los profesionales y, en particular, a los médicos. De esta forma, y en consonancia con la inquietud de sus asociados, se manifiesta contrario a las modificaciones planteadas en dicho Fondo.
Los artículos 696 al 700 del proyecto presupuestal remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento crean cargos rentados -que se suman a la burocracia ya existente en el Fondo- incorpora entre los aportantes a los egresados de la Universidad Tecnológica (UTEC), incrementa la cuantía del aporte, se sube la base de cálculo y se extiende hasta los 70 años la obligación de pagar.
«Son cambios inadmisibles e injustificados», afirman desde el Sindicato Médico. «El SMU siempre bregó por la derogación de este gravamen, que castiga a los médicos cuando éstos recién están empezando a desenvolverse profesionalmente y ahora por prácticamente toda la vida útil, con cifras acrecidas que resultan intolerablemente gravosas».
En consecuencia, el Sindicato Médico exige el desglose y la no aprobación de los artículos relativos al Fondo de Solidaridad, por entender que «el momento que está viviendo el país no es propicio para un nuevo castigo a los trabajadores profesionales de la salud».
EN EL PARLAMENTO. «Este cambio nos parece preocupante. Prácticamente se trata de un impuesto más al trabajo del profesional», afirmó el vicepresidente del SMU, Alfredo Toledo, frente a las Comisiones de Legislación Laboral y Salud de la Cámara de Senadores, poniendo el tema «arriba de la mesa», con el compromiso de que comience a ser analizado.
La legislación actual establece el pago del Fondo de Solidaridad por un periodo de 25 años de carrera. Sin embargo, con la modificación planteada en el Presupuesto, a partir del primero de enero de 2016, cambia la forma de cálculo y el profesional deberá pagar hasta los 70 años de edad.
HISTORIA. El Fondo de Solidaridad fue creado por la ley Nº 16.524 en el año 1994 para financiar becas, nutriéndose con aportes obligatorios de los egresados de la UdelaR y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP, a partir del quinto año del egreso y durante 25 años o hasta la jubilación.
Por la ley Nº 17.296 del año 2001 se agregó un adicional a dicho aporte para financiar proyectos en el interior y para obras de infraestructura, desvirtuando la finalidad originaria. La situación vuelve a cambiar ahora con el proyecto presupuestal elaborado por el Poder Ejecutivo.
Vea la versión taquigráfica completa de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda.
